¿SITUACIÓN LAS CONCESIONES DE LA LEY DE COSTAS EN 2018?
28 de septiembre de 2017
¿SITUACIÓN LAS CONCESIONES DE LA LEY DE COSTAS EN 2018?
Hace unos años salió a la luz pública la grave situación de familias y empresas en esta Comunidad Autónoma, cuyos bienes, incluidas viviendas e industrias se encontraban enclavadas, sin saberlo, en el dominio público marítimo terrestre.
En la mayoría de los casos, se trataba de fincas provenientes de antiguas concesiones administrativas que, en algún momento, habían tenido acceso al Registro de la Propiedad y que posteriormente habrían sido transmitidas vía inter vivos (compraventa, donación..) o mortis causa (herencia) a terceros, que confiados en las garantías del registro público, creían contar con títulos de propiedad válidos.
La aprobación de la Ley de Costas de 1988 y sus posteriores deslindes colocaron a estas personas en una comprometida situación al encontrarse ocupando terrenos pertenecientes al estado sin tener título habilitante para ello, es decir, convirtiéndose en una suerte de “okupas” para la Demarcación de Costas.
Este problema se agravaba en el momento en que dichas concesiones tenían un plazo de caducidad legal, julio de 2018.
La consecuencia de no regularizar esta ocupación del dominio público era la expulsión de las familias y empresarios de sus hogares y negocios.
El movimiento social surgido a raíz de este problema fue una de las causas que impulsaron a la administración a la reforma de la Ley de Costas y de su Reglamento, dando un hálito de esperanza a los afectados que se veían, en muchos casos, despojados de su único patrimonio, convirtiéndose en una auténtica tragedia personal y económica.
Sin embargo, pese a las esperanzas generadas por la reforma, un cambio de criterio en la interpretación de la normativa de Costas por parte de la Abogacía General del Estado ha puesto en peligro la permanencia de los afectados que, a fecha de hoy, desconocen si a partir de esa fecha podrán seguir ocupando los terrenos, viviendas y establecimientos que en algún momento creyeron de su titularidad, o si, de permanecer, tendrán que pagar un canon que, por su elevadísimo coste, puede hacer inviable económicamente el mantenimiento de su actual situación.
El silencio de la Administración a menos de un año del plazo límite está provocando una gran incertidumbre y las incógnitas permanecen.
¿Qué sucederá de aquí al 2018? ¿Se encontrará alguna solución que proteja a los afectados? Habrá que estar atento al desarrollo de los acontecimientos.
CARMEN ORTIZ OFICIALDEGUI
HFC LEGAL
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